Chile: Los cuidados al centro de la nueva Constitución

¿Cuáles creen que son los desafíos del feminismo y de la izquierda en general en el marco de la asamblea constituyente?

Voy a partir por la izquierda. Es importante recalcar que a la Convención Constitucional llegaron, por primera vez, sectores que habían estado sistemáticamente excluidos de la política institucional durante toda la transición a la democracia. Llegaron a la convención muchos dirigentes territoriales, dirigentes ambientalistas, dirigentes locales que encabezaron algunas movilizaciones de territorios contra empresas extractivistas, contra empresas hidroeléctricas, contra empresas termoeléctricas, etc. Y esos conflictos y los dirigentes, dirigentas o líderes de esos conflictos, que han tenido una trayectoria política local, no habían sido parte de la institucionalidad política hasta la Convención Constitucional.

En definitiva, llegaron a la Convención muchos sectores sociales que habiendo levantado resistencias contra el neoliberalismo en distintas luchas locales, no necesariamente se identifican con la izquierda, así que un primer desafío (no en orden de importancia necesariamente) pero sí un desafío para la izquierda es articularse con esos sectores sociales que provienen de luchas territoriales, de luchas locales, luchas contra el capital y trabajar en una articulación amplia que reúna a las izquierdas históricas y nuevas izquierdas. Estoy pensando en el Partido Comunista, en los sectores del Frente Amplio, que son la izquierda política al interior de la Convención, con sectores de luchadores y luchadoras sociales; y, al mismo tiempo, con otros sectores del pueblo que llegan a la Convención como los grupos que provienen directamente del estallido social de Octubre que no son tantos numéricamente, son un grupo no tan grande de personas que no provenían de luchas anteriores sino que provienen del ciclo de politización reciente del estallido y, por otro lado, también con movimientos sociales más constituidos como el movimiento feminista, el movimiento ambientalista de carácter y alcance mas nacional, que también están representados en la Convención.

Todos estos grupos nosotros vemos que constituyen los elementos de una izquierda que debe articularse. Movimientos sociales como el feminista y el ambientalista que son los más fuertes, dirigentes y dirigentas territoriales/locales, que llegan a la Convención, sectores del «nuevo pueblo» como le llamamos, que provienen de la politización del 18 de octubre, más las izquierdas históricas y nuevas izquierdas que se mueven en el plano político institucional. Creemos que un desafío es articular todos esos mundos para ir conformando una izquierda amplia, diversa, heterogénea, que no necesariamente va a estar de acuerdo en todo pero que son las fuerzas que se requieren para la transformación en este ciclo político.

Otro desafío para la izquierda ya en el plano más del texto constitucional, es lograr la Constitución más radical y más transformadora posible de acuerdo a las correlaciones de fuerza al interior de la Convención, pero claramente es una convención que tiene que tener un marcado carácter antineoliberal y antisubsidiario, que ha sido la forma que el neoliberalismo ha adoptado en Chile: una suerte de trabazón de intereses entre el Estado y el empresariado o más bien un Estado al servicio de la acumulación empresarial, sobre todo en áreas de servicios sociales y derechos sociales. La Constitución tiene entonces que ser una Constitución marcadamente antineoliberal y antisubsidiaria y que establezca ciertos derechos universales y un rol del Estado preponderante en la garantizacion de una serie de derechos sociales que deben ser universales, gratuitos, etc. Entonces eso es una tarea, un desafío a lograr importante, y probablemente existan las mayorías al interior de la convención para avanzar en esa dirección de derechos.

Muy vinculado con esto, otro desafío es cómo el cambio del carácter social del Estado, o sea, un Estado que desde la dictadura y toda la transición ha sido un Estado que ha estado al servicio de los intereses empresariales y que por lo tanto es un Estado que tiene un rol activo en la producción y reproducción de las desigualdades sociales, debe pasar a ser un Estado solidario, hemos hablado también de un Estado cuidador, de un Estado que está al servicio de la sostenibilidad de la vida y que, por lo tanto, oriente sus fines, su estructura, su carácter, hacia la justicia, la solidaridad, el cuidado de la vida y, por lo tanto, también un desafío de la izquierda es articular ese cambio del carácter del Estado en el texto constitucional.

Eso pasa también por derechos sociales y también por los derechos de la naturaleza y del medio ambiente y un giro en el modelo de desarrollo, eso sería como un tercer elemento de la discusión. El cambio de un modelo de desarrollo, de un modelo primario exportador extractivista a un modelo de desarrollo que respete y cuide la sostenibilidad de la vida humana y no humana y que supere éste modelo agroexportador extractivista que destruye la naturaleza y que además va generando una serie de desigualdades y de conflictos territoriales entre el capital y las comunidades locales que son las que sufren las consecuencias de la instalación de proyectos extractivos en sus territorios. Son comunidades que se enfrentan a poderosas corporaciones protegidas por el Estado. La desigualdad de poder es enorme.

El último punto que nos parece importante como desafío para la izquierda, es lograr en el texto constitucional, una profundización importante de la democracia en el sentido de que se reconozcan las organizaciones de la sociedad, ya sea organizaciones de trabajadores y trabajadoras (los sindicatos), como también las organizaciones territoriales, barriales, y se reconozca poder a esas organizaciones, poder de negociación, poder de decisión sobre lo que pase, por ejemplo en el caso de las organizaciones territoriales en sus territorios, en sus localidades y también poder para las y los trabajadores, porque en este momento por el código laboral que todavía sigue vigente desde la dictadura, los sindicatos tienen muy muy poco poder, están muy debilitados y, por otro lado, las organizaciones de la sociedad y las organizaciones locales, territoriales no tienen ningún poder para enfrentarse a los intereses del capital. Por ejemplo, contra las inmobiliarias, contra los proyectos extractivistas no hay instancias de decisión colectiva donde las comunidades puedan tener incidencia y puedan tomar decisiones sobre lo que ocurre en sus territorios y lo que ocurre en sus localidades.

Creemos que un elemento fundamental de este ciclo político en Chile que tiene que quedar reflejado en el texto constitucional es una democracia mucho más sustantiva, vinculante, de la que ha existido de la transición en adelante que ha sido básicamente una exclusión de los intereses sociales y populares en la política y eso tiene que revertirse y uno de los elementos fundamentales entonces, es que en el texto constitucional se reconozcan formas de organización social y popular y se reconozca poder a esas organizaciones.

Por otro lado, creemos que el feminismo, más bien los movimientos feministas, las activistas feministas que están en la convención tienen varios desafíos. Uno es que las constituyentes que llegaron a la convención por su rol como militantes feministas tienen todas mandatos que son colectivos, que provienen de sus organizaciones de base, de sus territorios, que tienen el desafío de lograr al interior de la convención instalar las demandas, de instalar los proyectos que ellas representan, que son proyectos colectivos que provienen de sus organizaciones, de sus territorios y eso es un desafío súper relevante, de mantener también el dialogo y la activación social, y hacer un puente entre el afuera de la convención (las organizaciones, la movilización social, la calle) y el interior de la convención, las discusiones constituyentes.

Y ahí hay un elemento muy interesante que se abrió gracias fundamentalmente al movimiento feminista y a los otros movimientos sociales que están al interior de la convención que es la posibilidad de que haya iniciativas populares para presentar mociones, para presentar artículos, para presentar normas constitucionales. Ya juntando 15.000 firmas, que es un número que las organizaciones sociales pueden movilizar sin problema, se pueden presentar iniciativas populares. Y eso es un elemento fundamental en la idea de democratización del proceso, de participación popular en el proceso, de incidencia del campo popular en el proceso. Y ahí el feminismo, los movimientos sociales y también las izquierdas tienen el desafío de articular y movilizar socialmente para el ingreso de normas constitucionales por esta vía de iniciativas populares.

Y eso nos parece central en el proceso constituyente más allá de los contenidos que finalmente tenga la constitución que son fundamentales, también es fundamental el proceso y cómo se involucra a la sociedad, cómo se involucra al campo popular, cómo se involucra a las organizaciones. Que sea lo más amplio, lo más participativo, lo más democratizador; entonces nos parece un desafío importante para el movimiento feminista.

Y luego también están los desafíos en términos de contenidos constitucionales y ahí creemos que hay como dos grandes campos. Uno que tiene que ver con la instalación de las grandes demandas del feminismo en términos de derechos sexuales y reproductivos, que deben quedar consagrados en la constitución y de ahí se abre el camino para, por ejemplo, la legalización del aborto, para la instalación del derecho a una vida libre de todo tipo de violencia (ahí considerando todos los tipos de violencia, no solo la violencia física, psicológica, sexual, sino también la institucional, la violencia económica) y esas cuestiones son fundamentales que el movimiento feminista las está instalando, las va a instalar y las va a pelear ahí adentro.

Pero también en términos más generales como principios constitucionales, vemos que el movimiento feminista, junto con los movimientos sociales y las izquierdas tienen el desafío de instalar el principio de la sostenibilidad de la vida como un principio que debe ordenar tanto la forma del Estado , su carácter social, como las instituciones, el modelo de desarrollo, el modelo económico, que permita dar un giro en la orientación general de la sociedad y que permita entonces ordenarla hacia el sostenimiento y el respeto de la vida, hacia la posibilidad de la extensión de la vida humana y no humana en el planeta. Eso también es un desafío importante para el movimiento feminista.

Ahora, por último, el movimiento feminista al interior de la Convención también tiene un rol articulador, es uno de los movimientos con mayor legitimidad social y, por lo tanto, el movimiento feminista tiene al interior de la Convención la capacidad de articular distintos sectores. Hay feministas en distintos grupos sociopolíticos que están al interior de la convención y por lo tanto eso le da al movimiento feminista un poder importante de articular al interior de la Convención los distintos sectores, los distintos grupos que hay, y eso también es un rol que ya ha cumplido el movimiento en estos meses de funcionamiento de la Convención, pero ahora que comienza la discusión de contenidos, va a ser cada vez más importante.

¿Cuáles son las posibilidades de que la agenda feminista tenga presencia en los debates constituyentes y en el nuevo texto?

La verdad que las posibilidades son amplias. Al interior de la convención hay un grupo de militantes y activistas feministas que entraron a la convención por su rol en el activismo feminista pero también otras constituyentes que provienen de otras luchas, de otros mundos, tienen otras trayectorias, pero que también se declaran feministas. Y hay un grueso de constituyentes que van a empujar una agenda feminista de derechos sexuales y reproductivos, de vidas libres de violencias, por supuesto una agenda de cuidados, una agenda de poner fin a las discriminaciones en el campo del trabajo, en el campo de la educación, el reconocimiento del trabajo de cuidados y el trabajo doméstico.

Son debates que ya están instalados en la discusión constituyente, que muchas constituyentes cuando fueron candidatas lo pusieron en sus programas y, por lo tanto, hay un consenso en que temas como los cuidados, temas como el derecho a una vida libre de violencias, temas como derechos sexuales y reproductivos, temas como el cuidado y el sostenimiento de la vida, van a estar presentes en la discusión constitucional, en las distintas comisiones que se han conformado, particularmente en la comisión de derechos fundamentales, y es importante también sostener que hay feministas en todas las comisiones de trabajo que tiene la Convención. Y, por lo tanto, hay un buen augurio, un buen pronóstico de que la agenda que ha ido levantando el movimiento feminista en estos años va a tener protagonismo, va a tener presencia en la discusión y también tiene una alta posibilidad no solo de ser discutida esta agenda, sino de quedar plasmada al interior del texto constitucional.

Y ahí el desafío va a ser la articulación de todos los grupos feministas que están adentro de la Convención y que están afuera de la Convención y que se pueda articular un grupo que, en su heterogeneidad, también pueda plantear puntos comunes y empujarlos al interior de la convención. Yo creo que el desafío de la articulación es el más grande para lograr el mayor avance en la agenda feminista al interior de los debates y, sobre todo, del texto constitucional. Y también es importante señalar que las demandas del movimiento feminista pueden ser instaladas también vía iniciativas populares, lo que sería fundamental para profundizar el carácter popular, el carácter participativo, el carácter social del proceso constituyente y que el texto constitucional refleje contenidos instalados por la movilización social. Eso nos parece fundamental, las posibilidades son altas. Hay una buena correlación de fuerzas para el feminismo al interior de la convención.

¿Cuáles creen que pueden ser los ejes y las demandas que se expresen en la Constituyente en materia de violencia económica y endeudamiento?

En términos de endeudamiento, creemos que la vía para enfrentarlo es el establecimiento de derechos sociales universales, gratuitos, garantizados por el Estado, porque una fuente principal de deuda ilegitima en el país son las deudas educativas. Que hay más de un millón de estudiantes con unas tremendas mochilas financieras por haber estudiado en la Universidad, con créditos usureros. Entonces, si existiera educación pública y gratuita en todos los niveles de enseñanza ese problema no existiría.

Y, por otro lado, deudas que tienen que ver con atenciones por salud. Una enfermedad cara, puede dejar a una familia prácticamente en la ruina porque no hay un sistema nacional de salud que permita prestaciones de salud gratuitas y universales garantizadas para toda la población, eso es otra fuente importante de endeudamiento.

Creemos que el establecimiento de derechos sociales universales es el camino para evitar el endeudamiento por derechos sociales. Y la condonación de deudas, que es otra arista fundamental de esto, es una materia que se está viendo vía proyectos de ley. Ha habido proyectos de ley para condonar las deudas estudiantiles y eso ha dado vía a discusiones para proyectos de ley que condonen deudas hospitalarias. Pero si eso tiene un marco constitucional de reconocimiento de derechos, es un paraguas que podría contribuir a que estos proyectos de ley para el desendeudamiento, para la condonación de deudas, avancen con el respaldo de un texto constitucional que reconoce el acceso gratuito, universal, como derecho establecido y eso va a contribuir al avance de estos proyectos de ley para el desendeudamiento, para la condonación de deuda.

Ahora, en materia de violencia económica nos parece fundamental el reconocimiento constitucional del trabajo doméstico y de cuidados, que es una de las violencias económicas más relevantes que afecta a las mujeres en el país. Y también el establecimiento de la igualdad de salarios para trabajos de igual valor. En el país hay una brecha salarial enorme. Las mujeres ganan prácticamente un tercio menos que los varones por los mismos trabajos y eso es una clara muestra de violencia económica que tiene un impacto en la calidad de vida de las mujeres, en los niveles de pobreza, en los niveles de precariedad. Y, por lo tanto, nos parece que tanto el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados como el establecimiento constitucional del derecho a igual salario por trabajo de igual valor, son dos cuestiones fundamentales para abortar la violencia económica en el país por la vía constitucional.

¿Cuál es la situación en Chile respecto al trabajo doméstico y de cuidados?

¿Cuáles son los debates en torno a este tema y que perspectivas hay de que el escenario se modifique a partir del proceso constituyente?

Si comienzo con el trabajo de cuidados remunerado y ahí, al igual que en otros países de América Latina, las grandes características son que es un trabajo altamente feminizado, que son básicamente, bueno, trabajo doméstico remunerado o de empleadas de servicio doméstico, pero también en cuidados de salud, educación, están altamente feminizados y altamente precarizados, esa es una situación que existe en el país, al igual que en otros países. Las cifras indican bajos salarios, bajos niveles de seguridad social y alta feminización, lo que demuestra cómo la división sexual del trabajo se expresa tanto en la educación como en el mercado laboral. Ahí hay una clara división sexual en los trabajos de cuidados remunerados.

Entonces tendríamos ahí feminización y precarización del trabajo de cuidados. Ahora, en el trabajo de cuidados y domestico no remunerado, que es el grueso, y que recae casi exclusivamente sobre los hombros de las mujeres, ahí lo primero es decir que no hay un reconocimiento constitucional del trabajo doméstico y de cuidados como trabajo.

Se ha presentado un proyecto de ley de una reforma constitucional que reconozca este trabajo y que, por lo tanto, eso implique que haya políticas públicas específicas, que este trabajo y su aporte a la economía se registre en cuentas satélite y se agregue al PBI del país, pero bueno eso está en un proyecto de ley que no ha avanzado en el Congreso y, por lo tanto, lo que se espera es que en el debate constitucional esto quede consagrado en el nuevo texto constitucional y hay posibilidades de que esto sea así porque ya es un debate que ha entrado en el movimiento feminista.

La pandemia también ha contribuido a que se debata más ampliamente sobre trabajo de cuidados, sobre su peso, sobre su aporte a la economía. Se han publicado recientemente estudios tanto de organizaciones feministas como también el Banco Central hizo un estudio sobre el aporte del trabajo de cuidados y domestico no remunerado a la economía del país. Por lo tanto, hay un debate social favorable hacia el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados.

Y también hay debates que son paralelos a las discusiones constituyentes que tienen que ver con las próximas elecciones presidenciales y el candidato del pacto Apruebo Dignidad que es una alianza entre el Partido Comunista y el Frente Amplio, ha planteado la necesidad de crear un sistema nacional de cuidados y que más o menos siga el modelo del sistema nacional de cuidados uruguayo. Entonces hay en distintas esferas de la discusión política actual, básicamente la constituyente y la discusión de las elecciones presidenciales, un reconocimiento de la necesidad de reconocer el trabajo doméstico y de cuidados a su vez que crear los instrumentos institucionales para desarrollar un sistema de cuidados.

Y el feminismo ha puesto también el énfasis (por supuesto en la necesidad de un sistema de cuidados) pero también en la necesidad de que éste sea de carácter plurinacional. La coordinadora feminista 8M ha sido clara en presentar un sistema plurinacional de cuidados, es decir, que respete las autonomías territoriales y las culturas de los distintos territorios, de las distintas naciones que componen el país y las distintas formas que tienen también de entender el cuidado y, por lo tanto, la institucionalidad y las políticas en materia de cuidados debieran contribuir a fortalecer y a estimular las distintas formas, los distintos sistemas, las distintas maneras de comprender y organizar el cuidado que tienen distintas comunidades. Entonces ahí habría que, esa conjugación entre un sistema nacional y, al mismo tiempo, el respeto y la promoción de formas autónomas y de formas locales de resolver el tema de cuidados, con apoyo del Estado.

Ahora, en términos de debates, al interior del movimiento feminista se debate (por cierto, al igual que en otros países) la pertinencia o no de remunerar el trabajo doméstico no remunerado por cuales serían los elementos a favor, cuáles serían los elementos en contra, en qué eso contribuiría por ejemplo a la autonomía económica de las mujeres, pero también al mismo tiempo podría contribuir a perpetuar la división sexual del trabajo. Se discute si se podrían combinar formas de remuneración del trabajo doméstico como medida transitoria hacia un esquema de socialización del trabajo doméstico y de cuidados; por lo tanto, eso es como un eje de la discusión.

El otro eje tiene que ver con un sistema nacional o plurinacional de cuidados y cuáles deberían ser sus características. Me parece que esos son los dos debates más relevantes en tema de trabajo de cuidados y trabajo doméstico. Y bueno pasa también por el tema que tiene que ver con la remuneración o no del trabajo doméstico no remunerado que tiene que ver con la seguridad social y la previsión social de las mujeres que realizan trabajo doméstico.

Pero ahí están los núcleos. Esa tensión entre desfeminizar y socializar el trabajo doméstico, pero también resolver las necesidades inmediatas, los problemas en términos de autonomía económica que sufren las mujeres que realizan trabajo doméstico no remunerado y que lo han realizado toda su vida, y eso tiene que solucionarse a la vez que debe plantearse un horizonte de desfeminizacion y socialización del trabajo doméstico y de cuidados. Esos me parece que son los ejes de los debates que se están teniendo al interior del movimiento.

Teniendo en cuenta a Chile como paradigma del neoliberalismo, ¿qué escenario de ampliación de derechos sociales se puede abrir hoy en relación al sistema de cuidados y qué aportes se pueden recuperar de otras experiencias latinoamericanas?

Respecto de esta pregunta me parece que el escenario que hay en términos de poder constitucionalizar el derecho al cuidado es amplio, es favorable. Me parece que la pandemia ha contribuido a reavivar el debate y hacerlo muy muy muy evidente el peso que tiene el trabajo de cuidados para la reproducción de la sociedad y la carga de trabajo que se llevan las mujeres ahí. Entonces, tenemos la experiencia de la pandemia, tenemos los estudios que han ido circulando recientemente sobre el aporte económico del trabajo de cuidados a la economía… hay un consenso importante respecto a la necesidad de reconocer el trabajo de cuidados y de reconocer el derecho al cuidado en la Constitución.

Eso es una dimensión de la discusión que pareciera tener un buen destino. Y, paralelamente, en este mismo nivel de establecer derechos al cuidado y de instalar una institucionalidad ad hoc para organizar socialmente el cuidado en el país, o sea, para reestructurar una organización social del cuidado a través de un sistema nacional, de un sistema plurinacional de cuidados, también está en un momento favorable y nos parece que por ahí va a haber avances sustantivos.

Otra dimensión de esto que ahí es una discusión más profunda y no está tan claro que existan las mayorías para instalarlo es el cuidado como un principio. El principio de cuidado, el principio de sostenibilidad de la vida como un principio constitucional que debiera dar forma al carácter del Estado y que debiera ser como uno de los ejes estructurantes de todo el texto constitucional y, por lo tanto, orientar tanto la forma del Estado como el modelo de desarrollo, como la institucionalidad política, orientar el conjunto de la sociedad hacia el cuidado de la vida, o sea, hacia la sostenibilidad de la vida es un debate más grande, más de fondo. Por cierto, que las organizaciones feministas lo están levantando, pero está menos instalado a nivel social plantearlo de esa manera, del cuidado como un principio rector, organizador de la sociedad, del Estado, de un modelo de desarrollo, está menos instalado que la idea del derecho al cuidado.

Nos parece importante dar el salto porque el derecho al cuidado es un aspecto fundamental que tiene que estar consagrado en la Carta Magna, en la Constitución. Pero también el principio de cuidados que es lo que hemos estado tratando de plantear desde la Fundación, significaría dejar abierto un camino de transformación de todas las estructuras de la sociedad para orientarlas hacia el cuidado y la sostenibilidad de la vida. Eso también ya es un camino largo, pero también es un camino que permite reestructurar la sociedad hacia otros fines. No hacia la ganancia y la acumulación capitalista, sino hacia el cuidado y la sostenibilidad de la vida. Y para orientar la sociedad hacia ese objetivo, por cierto, que hay que alterar radicalmente el modelo de desarrollo, el sistema político, la forma del Estado y ahí da una orientación general a la sociedad hacia donde caminar. Nos parece que es fundamental y estamos apostando a que el cuidado y la sostenibilidad de la vida aparezcan como principios constitucionales y como Fundación hemos elabora un documento que plantea esa propuesta con el espíritu de aportar a la discusión constitucional.

Y lo último respecto a esto de los cuidados que nos parece también fundamental, es ir mas allá de la idea del derecho al cuidado un derecho que tiene la población en situación de dependencia, o sea, niños, niñas, adolescentes o personas mayores o personas enfermas o personas con algún grado de discapacidad, sino que todas y todos requerimos cuidado y que por lo tanto no es un asunto de personas en situación de dependencia y sus familias o cuidadores y cuidadoras, sino que todas y todos somos seres interdependientes, requerimos y necesitamos cuidado. Y que, por lo tanto, el derecho al cuidado debe contemplar el derecho a ser cuidado y cuidada, a cuidar y también al autocuidado. Y eso implica pensar, por ejemplo, en el derecho al tiempo libre, a la recreación, a jornadas laborales más cortas, a sueldos dignos, a trabajos dignos, o sea, cuando pensamos el cuidado como algo transversal y no solamente como un derecho que tiene una población que está en una situación específica de dependencia, nos permite pensar el cuidado desde una mirada amplia y que también en el establecimiento de ese derecho, el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado, tenga impacto en otras dimensiones como el trabajo, como los salarios, como el tiempo libre. Entonces nos parece que es importante plantearlo en ese nivel de generalidad para permitir que a partir de la defensa del derecho al cuidado se puedan pelear otros derechos, se puedan pelear otras condiciones de vida dignas.